Ciudad de México

Sobre las desapariciones forzadas (una breve e insuficiente introducción)

Sin vaguedades, ambigüedades o medias tintas: la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad.  Los delitos de lesa humanidad son aquellos que por su atrocidad, así como por su carácter sistemático, son condenados por el derecho internacional de los derechos humanos. Esto quiere decir que la desaparición forzada —así como el resto de los delitos de lesa humanidad— son fenómenos globales y sistemático. Es decir, se dan en múltiples partes del mundo y siguen un cierto patrón de conducta; sin embargo, los delitos de lesa humanidad también adquieren características particulares en distintos lugares, regiones o localidades. Por ejemplo, en el caso de México, las víctimas de desaparición forzada no son consecuencia de una guerra civil, de un conflicto entre grupos étnicos o culturales, o son rivales de un grupo político en el poder que busca deliberadamente su exterminio.

En México, el fenómeno de las desapariciones forzadas comenzó como una estrategia de coacción política en los años setenta durante la llamada guerra sucia  (el PRI, partido político hegemónico desde el final de la Revolución mexicana hasta el año 2000, utilizó la desaparición forzada como estrategia para la represión de grupos políticos de izquierda, especialmente aquellos bajo la sospecha de pertenecer a grupos guerrilleros). El día de hoy, las desapariciones forzadas son una consecuencia directa de la llamada guerra contra las drogas. Este conflicto es complejo y, en él, participan grupos políticos, delincuencia organizada, policías federales, estatales y locales, y miembros de las Fuerzas Armadas.  Ya no sólo es una estrategia de coacción elaborada desde el Estado; se trata de un fenómeno que surge como consecuencia de una paradoja: es el resultado de la presencia de un Estado sin controles, al igual que el producto de la ausencia del Estado. En el año 2018 —siete años después de que inició la guerra contra el narcotráfico— no existía ninguna condena por el delito de desaparición forzada, el cual es considerado un delito federal. 

¿Qué sucede con las víctimas del delito de desaparición forzada? ¿Cuáles son sus derechos? Para responder a estas preguntas, es fundamental tomar en cuenta que la desaparición forzada es un fenómeno que destruye el tejido social y los vínculos comunitarios. Por lo tanto, al momento de investigar este delito no sólo debe tenerse como fin exclusivo —aunque sí necesario— la condena de los responsables. La misma importancia se le debe dar a los derechos de las víctimas, tanto directas como indirectas de este delito; es decir, a los derechos a la verdad, al acceso a la justicia y a la reparación del daño.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en México hay más de 73,000 personas desaparecidas. Para dimensionar la tragedia: esta cifra es el equivalente a casi tres veces el Foro Sol, o casi un Estadio Azteca completo si tomamos en cuenta que la cifra es tan solo una estimación. Estos números tampoco pueden verse de forma aislada. Es necesario relacionarlos con las vidas concretas que llevaban esas personas: eran madres, padres, hijas e hijos, tías, tíos, amigos, amigas. Eran migrantes, trabajadores, músicos, albañiles, carpinteros.

El abandono del Estado mexicano relacionado con la investigación, sanción y reparación del delito de desaparición forzada no sólo debería implicar una responsabilidad política del más alto nivel, también es una forma de incumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos que este país ha suscrito voluntariamente (en específico, la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas). Sin embargo, la desaparición forzada es un tema que no arroja ganancia política alguna: no es un tema electoralmente atractivo. Por el contrario, implica entrar en una de las heridas más ondas en las que, ya sea por acción u omisión, el Estado está involucrado. Por lo tanto, la mayoría de los grupos de búsqueda de personas desaparecidas son ciudadanas y ciudadanos organizados que buscan a sus hijas, hijos, sobrinas, sobrinos, nietas, nietos, a sus parejas. Si te interesa estar al tanto de la labor de estos grupos, te invitamos a seguir al Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.

Finalmente, no sobra decir que el 30 de agosto, día internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, no es una conmemoración. Es un día en el que hay que hacer patente que, en México, todos los días se comete un crimen de lesa humanidad con total impunidad. Exijamos verdad, justicia, reparación y memoria para todas las víctimas.

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