Ciudad de México

¿Cuáles son los principales obstáculos de la participación ciudadana?

El problema del déficit de participación ciudadana en México es multifactorial. Las explicaciones pueden abarcar un amplio rango de temáticas e hipótesis, desde la inequitativa distribución del ingreso y sus consecuencias, hasta la falta de mecanismos jurídico-políticos que permitan que las ciudadanas tengan poder para tomar determinadas decisiones que afectan directamente su vida.

En ACTO hemos decidido centrarnos en dos problemáticas que creemos están íntimamente relacionadas: la educación y el bajo desarrollo de habilidades para la vida necesarias para construir una ciudadanía activa y participativa. Abordemos cada problema por separado.

En el año 2009, la International Association for the Evaluation of Educational Achievement (en adelante IEA) condujo el estudio International Civic and Citizenship Education Study en seis países de la región latinoamericana: México, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Paraguay y Chile. En el reporte ICCS 2009 Latin American Report. Civic knowledge and attitudes among lower secondary students in six Latin American countries, el IEA realizó un análisis curricular sobre las metas que el sistema de educación mexicano persigue mediante la impartición de la materia Educación Cívica y Ética en la educación básica. Dichas metas son:

  • Preparar a los estudiantes para vivir en una democracia con instituciones democráticas;
  • El desarrollo de la democracia y una forma de vida democrática;
  • Fomentar la igualdad de género y establecer relaciones interculturales e internacionales justas y equitativas;
  • Contribuir a un modo de vida sustentable en niveles individuales y colectivos;
  • Fortalecer las habilidades, conocimientos y valores necesarios para la participación democrática;
  • Preparar estudiantes para que actúen de acuerdo a los principios y procedimientos democráticos establecidos y permitirles defender, en un futuro, los derechos humanos;
  • Promover la obediencia a las leyes y el reconocimiento del significado de una coexistencia pacífica así como preparar a los estudiantes a actuar críticamente respecto a los representantes públicos y autoridades. (IEA, p. 27. 2009)

En ese mismo estudio, México expresó que la materia Educación Cívica y Ética, además de ser una asignatura específica obligatoria, estaba integrada a diversas materias, era transversal al resto de la currícula y se extendía a asambleas, eventos especiales, actividades extra-curriculares así como a la experiencia dentro del salón de clases (IEA, p. 29, 2009).

El estudio que condujo el IEA consistía en medir el desarrollo de cuatro dominios de contenido cívico (sociedad cívica y sistemas cívicos, principios cívicos, participación cívica e identidad cívica) y dos dominios cognitivos (conocimiento; razonamiento y análisis) (IEA, p. 33, 2009) Los resultados de la prueba se encuadran en cuatro niveles de acuerdo al puntaje: nivel -1, nivel 1, nivel 2 y nivel 3.

Los resultados que México obtuvo en la prueba fueron los siguientes:

  • 26% de los alumnos evaluados se encontraron en el nivel -1 (menos de 395 puntos).
  • 35% se encontraron en el nivel 1 (de 395 a 478 puntos)
  • 27% se encontraron en el nivel 2 (de 479 a 562 puntos)
  • 10% de se encontraron en el nivel 3 (563 puntos o más)

De acuerdo al IEA, los niveles 1 y 2, en los que se encuentra el mayor porcentaje de la población evaluada consisten, respectivamente, en: “familiaridad con la igualdad, cohesión social y libertad como principios de la democracia. […] Los estudiantes también demuestran familiaridad con conceptos fundamentales del individuo como ciudadano activo: reconocen la necesidad de obedecer las leyes; se relacionan ciertos acciones con determinados resultados; y se relacionan características personales a la capacidad de un individuo para llevar a cabo un cambio ciudadano” y “familiaridad con el amplio concepto de la democracia representativa como un sistema político. Reconocen la forma en la que instituciones y leyes pueden ser usados para proteger y promover los valores y principios de una sociedad. Reconocen el potencial papel de los ciudadanos como votantes en una democracia representativa. […] Los estudiantes demuestran que comprenden la influencia que una ciudadanía activa puede tener más allá de la comunidad local […] (IEA, p.33) .

Si bien a primera vista estos resultados no parecen indicar una situación crítica respecto a la educación cívica y la participación ciudadana en nuestro país, es necesario analizar el estudio con mayor profundidad. Respecto a la visión de los estudiantes sobre las instituciones públicas y el gobierno el IEA encontró problemas transversales en la región latinoamericana. Por ejemplo, el estudio encontró que dicha región presenta menores niveles de confianza en instituciones como partidos políticos, cortes de justicia y la policía que el promedio internacional. En particular, México apareció como el país con el menor nivel de confianza en las instituciones que fueron tomadas como ejemplo para realizar la evaluación. (IEA, p.51)

De igual manera, el estudio halló que si bien entre los estudiantes latinoamericanos no hay altos niveles de apoyo a las dictaduras, sí había un amplio acuerdo en el cual la estabilidad económica era una justificación aceptable para un régimen dictatorial.

Respecto al desarrollo de habilidades necesarias para poder desempeñar una ciudadanía activa, el IEA encontró que México obtuvo el menor promedio nacional en cuanto a niveles de empatía y tolerancia a la diversidad (47%) (IEA, p. 57). En relación con este punto, el IEA encontró que un 67% de los estudiantes evaluados ha sufrido algún tipo de agresión verbal en la escuela. 45% de los estudiantes evaluados admitieron experimentar agresiones físicas en el ámbito escolar (IEA, p. 62). En conclusión, el estudio encontró que en México existe una relación lineal entre la aceptación o tolerancia hacia la violencia por parte de estudiantes con bajos niveles de desarrollo de educación cívica (IEA, p. 64).

Otros estudios realizados por instituciones públicas nacionales arrojan datos interesantes. Por ejemplo, el Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México llevado a cabo por el Instituto Nacional Electoral y el Colegio de México en el año 2014 muestra que sólo entre 4 y 10.9% de los ciudadanos mexicanos piensa que las leyes se respetan en su país. En contraste, de un 29 a 36.9% piensa que en México las leyes no se respetan en lo absoluto. En relación con estos datos, entre el 56 y 70% de la ciudadanía mexicana considera que denunciar un delito no sirve de nada así como entre un 48 y 62% de la población admitieron una falta de confianza ante las autoridades y Ministerios Públicos.

Respecto a la participación política no electoral, el estudio muestra que las formas de participación más frecuente es leer y compartir información política a través de las redes sociales (19%), seguido por participación en manifestaciones o protestas públicas (17%) y toma de instalaciones públicas (14%). Estos datos se relacionan con el bajo índice de participación por parte de la ciudadanía en organizaciones ciudadanas o comunitarias. El tipo de organizaciones con mayor participación son las organizaciones religiosas (12.4%) mientras que organizaciones de protección de derechos humanos tienen el índice más bajo de participación (95.77% de la población nunca ha pertenecido a una organización que tenga como fin la protección de los derechos humanos).

Sobre la visión que la ciudadanía tiene sobre el sistema político y la democracia, el 49.61% está muy en desacuerdo en que los políticos se preocupan por gente como ellos. De igual manera, el 50.17% está en desacuerdo en que los ciudadanos tienen influencia sobre las acciones del gobierno. Ahora bien, a pesar de los bajos índices de participación no electoral, 53% de los encuestados respondieron que la democracia es preferible a otro sistema político y de gobierno. Esto podría mostrar que en México existe una ligera disposición y, por tanto, una cierta comprensión de lo que implica la democracia y la representación pero no del papel que los ciudadanos pueden jugar en ella.

Sobre este último punto, la ENCUP muestra que de un total de 3,750 personas, 2,454 (65%) nunca se ha organizado con otras personas para resolver un problema que les afecta. De ese mismo número, 2,718 (72.49%) nunca ha recurrido a las autoridades para pedir ayuda para resolver un problema que les afecta; 3,179 (84.78%) nunca ha pedido ayuda a una organización de la sociedad civil y 3,414 (91.04%) nunca ha pedido ayuda a un diputado o a un senador. Conforme a esa misma muestra, 1,688 personas (45.01%) nunca ha asistido a reuniones para resolver problemas que afectan a los barrios, colonias o comunidades. Finalmente, 2,089 personas del total de 3,750 (55.70%) consideran que los ciudadanos pueden influir poco en las decisiones del gobierno.

Es en este contexto de baja confianza en las instituciones, poco desarrollo de la educación cívica con el objeto de formar ciudadanos activos e involucrados en la toma de decisiones, bajos niveles de empatía entre los ciudadanos, altos niveles de agresión y violencia, así como un bajo nivel de participación ciudadana para buscar soluciones a los conflictos colectivos que los afligen que ACTO busca incidir mediante una serie de estrategias específicas y concretas que atacan una de las raíces del problema: fomentar el desarrollo de habilidades para la vida, en términos de la UNESCO, que permitan a los ciudadanos poder participar en los procesos colectivos de toma de decisiones con la finalidad de construir, desde el ámbito local, entornos democráticos y deliberativos que incidan en la disminución de la marginación y la violencia.

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